Los derechos no son de los territorios, sino de los ciudadanos.

Muchos españoles creemos que es necesario reformar la Constitución para adecuarla a los retos y las necesidades actuales. Sabemos que el título VIII quedó inconcluso, fruto de una situación de transición en la que el Estado de las Autonomías no estaba definido. Así, no se definieron las competencias que correspondían en exclusiva al Estado central, dejando abierta la amplitud de las transferencias a la solicitud  de las comunidades autónomas  y a la negociación política entre sus gobiernos y el central.

En un país como el nuestro, en el que la culpa siempre es del otro, la tentación a justificar la mala gestión por el bajo techo competencial ha sido, además de una fácil coartada con la que ocultar los propios errores,  la mecha encendida para el dislate de agravios y envidias entre las autotituladas comunidades históricas y las que, supuestamente, no disponían de una tradición de afán de autogobierno. La deriva soberanista de los nacionalistas catalanes no podía ser sino el inevitable corolario de esa esperpéntica puja, avivada por los sucesivos gobiernos de la Generalitat ante la estupefacción de los españoles y la impasibilidad del Gobierno Central.

Pero con ser perentorio cerrar de una vez ese Título VIII para que se repartan las competencias entre los distintos niveles de la Administración en aras a lograr el mejor servicio al ciudadano, hay otras necesidades que demandan con urgencia la reforma del régimen surgido de la Transición del 78. Garantizar los mismos derechos juridicopolíticos a todos los ciudadanos, su participación en la gestión pública, la igualdad de oportunidades, la equidad fiscal, o la independencia judicial y la rendición de cuentas de los gobernantes, son el verdadero reto al que se enfrenta nuestra Democracia para convertirse en una democracia avanzada que satisfaga las expectativas y anhelos de los ciudadanos y su confianza en una sociedad más justa, libre y solidaria.