La España que viene

La España que viene

Se ha cumplido un ciclo histórico. La Transición, que logró el loable empeño por dejar atrás la Dictadura de Franco y dotar a España de un régimen de libertades, va a cumplir los cuarenta. Parece que ha llegado la hora de remozar el Régimen del 78, corregir sus defectos de uso y modificar algunos aspectos de origen que el tiempo ha periclitado.

El Debate organizado por El País dejó claro que, salvo Rajoy –ausente por miedo escénico o táctica electoral-, los tres candidatos a los que las encuestas dan una abultada intención de voto, apuestan por la reforma de nuestro régimen político. Ya no es anatema mentar la bicha, ni sacrilegio sugerir la revisión de un régimen que tanta paz, estabilidad y bienestar nos ha aportado en estas cuatro décadas. Ahora parece que ya toca. Según algunos estudios de opinión, un número creciente de españoles creen que ha llegado el momento de acometer algunas reformas que modulen nuestros sistema político para hacerlo un tanto más representativo y democrático, algo más sensible a los anhelos ciudadanos, homologable a las democracias avanzadas.

Pedro Sánchez, el líder del PSOE, partido que con el PP sustentan al régimen, se declara abiertamente reformista. Asegura que a democrático no hay quien le gane. Él también quiere reformar la Constitución para acomodarla a los retos actuales, y no le temblará el pulso ni se le moverá un pelo del tupé para acometer cuantos cambios sean necesarios y la actualidad lo requiera. Sin embargo, la esencia de su propuesta electoral se conjuga con el verbo derogar. Déjà vu. En lugar de construir, quiere derribar, demoler, anular. Atisbado el tsunami que viene, no quiere ser cómplice de la hecatombe que se aproxima. Si llega a Presidente, derogará todo lo malo que ha aprobado el PP con su mayoría absoluta. Porque el problema no es el bipartidismo rampante, sino el monopartidismo de la gaviota; aunque el puño y la rosa hayan gobernado nada menos que dos tercios de este periodo.

Albert Rivera y Pablo Iglesias, por el contrario, rezuman ansia participativa y renovadora. Además de reformar algunas leyes, quieren cambiar el marco jurídico-político, tanto en referencia a los derechos políticos, como a la organización territorial o la representación. Porque no se trata de sustituir a los viejos dinosaurios por gráciles efebos de seductora sonrisa o justa rabia, ni de trocar la corbata por el cuello descamisado, y menos aún de prodigar su presencia en los medios, idealizados los platós en ágora democrática. De lo que se trata es de modificar los procedimientos para que las leyes reconozcan al ciudadano como protagonista de la democracia y para que los gobernantes no sólo respondan, sino sean responsables y rindan cuentas de su labor de gobierno. Lo que los ciudadanos quieren, y por eso urgen la reforma, es que se construya una nueva relación entre gobernantes y gobernados; una relación más justa y democrática, más equitativa, en la que el ejercicio del poder no sea patente de corso para corruptelas y desafueros, ni abuso de privilegios e inmunidades. Se trata, en definitiva, de que los ciudadanos recuperemos la soberanía entregada a los partidos políticos y tengamos verdadera influencia en las decisiones del Gobierno y en el control de los recursos públicos.