El disputado voto del cambio

Pocos discuten que tras las elecciones del 20-D el mapa político ha cambiado sustancialmente. PP y PSOE, que durante muchos años aglutinaron los dos tercios de las preferencias electorales, han perdido fuelle y ahora apenas suman la mitad. En el Congreso, dos nuevos grupos políticos han irrumpido con fuerza, Ciudadanos y Podemos, que con las confluencias e IU representan nada menos que el 40% de los votos emitidos y expresan un hartazgo con la política tradicional y un decidido deseo de cambio. Ciudadanos recoge el malestar de las clases medias: trabajadores cualificados, titulados en paro, profesionales, autónomos y empresarios, a los que la vieja política ha defraudado con su mala gestión, la corrupción añadida y la falta de proyectos que alienten esperanzas de solución. Podemos, por su parte, acopia la indignación y la furia de los sectores más desfavorecidos: desahuciados, parados, dependientes, personas que han perdido lo poco que tenían y que esperan del Estado la solidaridad que les permita superar el bache. Ambos grupos intentan aportar propuestas para salir de la crisis, más atentos al sufrimiento de las personas y a sus necesidades, que a los resultados macroeconómicos o a las exigencias de Bruselas, y ambos critican al régimen actual; uno para reformarlo, otro para superarlo.

Sin embargo, para poder implementar los cambios que reclaman, necesitan el apoyo de los dos principales partidos, en teoría sus adversarios, porque lo que proponen, además de nuevas leyes que impulsen el crecimiento, disminuyan la desigualdad, garanticen los derechos y libertades o atiendan las situaciones de emergencia social, es una reforma de la Constitución o una nueva, que haga más eficaz la Administración, sancione el derecho a la protección social, dificulte la corrupción, mejore los procedimientos democráticos y garantice la independencia de los poderes del Estado y los organismos de control.

Frente a este anhelo de cambio, que diferentes encuestas vaticinan al alza, los principales partidos ofrecen distintas respuestas, condicionadas por el escenario de unas nuevas elecciones que todos rechazan pero estiman inevitables. Mientras el PSOE ha asimilado la demanda social y Pedro Sánchez ha firmado con Albert Rivera un pacto de Gobierno reformista y regenerador, el PP de Rajoy ha decidido darle la espalda, engarzado en una posición numantina antirreforma, como si asumir la limitación de los excesivos aforamientos, hacer efectiva la independencia judicial, proponer una mayor transparencia y publicidad de las decisiones gubernamentales o exigir la democracia en la organización y funcionamiento de los partidos políticos pusiera en solfa la seguridad jurídica, la estabilidad y la certidumbre, que con tanta insistencia como temor menta. En el extremo opuesto, abandonada su arenga rupturista contra el “candado del 78”, Podemos y sus confluencias se debaten entre la lenidad con el independentismo y las demandas de sus arriscadas bases anticapitalistas y soberanistas, que no aceptan la reforma del régimen, pues lo que aspiran es a sustituirlo por otro mediante un proceso constituyente. Tal vez esta presión reivindicativa explique la agresividad y la arrogancia de Pablo Iglesias respecto a Pedro Sánchez, urgido a exhibir ante parte de los suyos el desprecio y la humillación hacia el incontestable enemigo, el PSOE, al que disputa el electorado de izquierdas y, sin embargo, requiere como aliado. Esa también puede ser la explicación de que en su propuesta de Un país para la gente, se arrogue la dirección de RTVE, el CIS, la lucha contra la corrupción, la dirección de los organismos de control y, además, vulnere sin sonrojo la independencia de los poderes del Estado, su talón de Aquiles democrático, donde los anhelos revolucionarios chocan con la proclama regeneradora y la defensa de la libertad como no-dominación. Y asimismo, la razón de la crisis que atraviesa el holding, entre los que quieren pactar con el PSOE para alcanzar el poder y los que aspiran a suplantarlo en el próximo juicio ante las urnas.

Es sin duda en ese terreno donde se va a dirimir el voto del cambio, entre la solapada ruptura y el cambio sereno, o el inconfesable deseo de liquidar el régimen porque ya no sirve y la voluntad de reformar sus deficiencias manteniendo sus bondades. Aunque la emergencia social y la batalla contra la corrupción sean los banderines de enganche para ganar adeptos.