Inmovilismo o ruptura

(El dogmatismo de los extremos puede hacer fracasar la necesaria reforma constitucional)      

El martes el cielo lució luminoso como una premonición. Los trinos de los pájaros parecían festejar el democrático aniversario, a pesar de las nubes que amenazan tormenta. En la recepción del Congreso faltaron nacionalistas, soberanistas, independentistas y los dos primeros espadas de Unidos Podemos, que dejaron a sus segundos para representar a la coalición. La reforma de la Constitución estaba en boca de todos. Rajoy se mostró dispuesto al diálogo y pidió prudencia y sensatez. “Todo se puede hablar”, dijo. “Pero hay que saber qué es lo que queremos modificar y qué es lo que no queremos modificar”. Aplastante lógica que nadie discute y que no debería servir de talanquera. Más pragmático, Javier Fernández instó a iniciar los trabajos parlamentarios para reformarla, “porque es la mejor forma de defenderla”, y Albert Rivera defendió la necesidad de reformarla no para deshacer lo que ha costado tanto construir, sino para “modernizarla y adecuarla a los nuevos tiempos y realidades de la sociedad española”. Mientras tanto, más de trescientos ayuntamientos de Cataluña han abierto sus puertas en esta festividad. Algunos de sus cargos electos han acudido a trabajar porque no reconocen la Constitución que han debido prometer o jurar. Dice la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que “los alcaldes y concejales deben hacer aquello que les dicten sus convicciones”, confundiendo la libertad de creencias con la ineludible obligación de acatar la ley y hacerla cumplir de cualquier cargo público. No quieren la Constitución del 78 porque tiene aromas del anterior régimen, dicen. Quieren un referéndum de independencia para septiembre, con la aprobación previa en el Parlamento de Cataluña de las leyes de desconexión con España. Para ellos la ley no puede socavar la democracia, cuando es su fundamento.

Parece que el PP está por diluir los anhelos de reforma e ignorar la desobediencia y la conculcación de la ley, lo cual conduce al dilema entre inmovilismo o ruptura. Iglesias quiere un proceso constituyente que rompa los corsés de la democracia representativa, mientras Rajoy cree que es estupenda la que tenemos y no es necesario mejorarla, pues de hacerlo no sabríamos adónde nos llevaría. De nuevo los dos grupos políticos alientan el debate de los extremos, cuando la mayoría de los ciudadanos ha dicho alto y claro que quiere acuerdo y consenso.

El PP tiene en su mano la llave para el alcance de la reforma, pues dispone de las mayorías suficientes, tanto en el Congreso como en el Senado, para bloquear las reformas que no le gusten. No puede, sin embargo, impedir un referéndum, que puede forzar Unidos Podemos con sus 70 diputados, ni debe ignorar la rebelión de una parte del Estado y no cumplir y hacer cumplir la ley. Al secesionismo no le interesa la reforma, salvo que facilite la separación de una parte del todo. No les interesa el diálogo ni el acuerdo, sino que se escuche el melancólico monólogo de la secesión.

La prudencia y la sensatez indican que la dilatación y la espera no son las mejores tácticas para aplacar la rebelión secesionista o conjurar los demonios que últimamente cargan los referéndums. “Menos dañosa es la mala ejecución que la irresolución –decía Gracián-. No se gastan tanto las materias cuando corren como si se estancan”. Para nuestra Constitución, el paso del tiempo no boga a favor de su defensa, sino en contra.