La pólvora y el fuego

(Acostumbrados al agravio y a la reivindicación de antiguas guerras, a los secesionistas les gustan las metáforas y los happenings bélicos)                                                                                                               

Los independentistas quieren que la metáfora del fuego granado deje de ser literaria. Necesitan el fuego real para auparse sobre la sangre para reafirmar su victimismo con el signo de la violencia. La admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno contra la resolución del Parlament del 6 de octubre para celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña, la enervado sus exaltados ánimos. Para el líder de Jun Pel Si, Jordi Turull, la voluntad de diálogo del gobierno es “una farsa”. En el mismo sentido se ha manifestado Ana Gabriel, de la CUP. “Si el estado no quiere diálogo, nosotros celebraremos el referéndum igualmente”, o el presidente de la Generalitar, Carles Puigdemont, que se ha reafirmado en la “hoja de ruta” para realizar el referéndum en 2017 y ha acusado a las instituciones del Estado de “populismo institucional”.

En su dialéctica parlamentaria, a los independentistas y antisistemas les parece que da mayor rédito la alusión a las armas de fuego, o al fuego mismo, que al debate de las ideas. No terminan de entender el significado del Estado de derecho, que no sólo legitima su nombramiento, sino que garantiza la tutela judicial efectiva, para que todos los ciudadanos, incluidos insumisos, rebeldes y antisistemas, tengan la garantía de que obtendrán justicia. Acostumbrados al agravio y la reivindicación de antiguas guerras, les gustan las metáforas y los happenings bélicos. Si varios cargos electos de la CUP volvían a quemar y guillotinar la fotografía del Jefe del Estado, proclamando que no tenían “ni miedo ni Rey”, el portavoz del PDEC, Frances Homs, salía en tromba contra la decisión del Alto Tribunal. “¿Irán con los tanques a quitar las urnas? ¿Enviarán matones? ”. No es en la controversia democrática, sino en el victimismo y la representación de la fuerza donde se crecen.

Por enésima vez el Tribunal Constitucional ha advertido a Carme Forcadell, a la mesa del Parlament y a Carles Puigdemont de su deber de “impedir o paralizar” cualquier iniciativa que suponga ignorar la suspensión acordada y les apercibe de las posibles responsabilidades, “incluida las penales”, si insisten en incumplir sus resoluciones. Para el ciudadano de a pie llama la atención la reiteración de la advertencia sin que se impida a los responsables la contumacia en la conculcación de la ley y el desprecio a las sentencias. Sorprende la lenidad de la justicia ante el reiterado desacato, con mayor gravedad tratándose de cargos públicos, que no sólo tienen el deber de cumplir la ley, sino de hacerla cumplir. No, señor Homs, el Tribunal Constitucional no enviará tanques ni matones para hacer cumplir sus resoluciones, sino agentes judiciales con órdenes de obligado cumplimiento. Aunque los secesionistas quieran ignorarlo, el Estado de derecho obliga también a los cargos públicos a acatar las decisiones de los tribunales y cumplir sus sentencias.