Si unas gotas de agua

Los independentistas quieren hacernos creer que la voluntad de unos pocos puede imponerse a la voluntad general y a las leyes que nos hemos dado.

El lunes lucía un sol espléndido sobre el Paseo de Lluis Companys de Barcelona, y una fuerte brisa zarandeaba las ramas de las palmeras como ominosa advertencia. En el interior del Palacio de Justicia, el TSJC dictaba sentencia contra Artur Más y dos de sus ex consejeras en el Gobierno de la Generalitat por la celebración de la consulta del 9N de 2014. En el caso del expresidente, la condena es de dos años de inhabilitación para ejercer cargo público y 36.500 € de multa, mientras la ex vicepresidenta, Joana Ortega y la exconsejera de educación, Irene Rigau, son condenadas a un año y nueve meses de inhabilitación, la primera, y un año y seis meses, la segunda, con multas de 30.000 € y 24.000 €, respectivamente, por el mismo delito.

El Alto Tribunal catalán no les condena por la legalidad o no de la convocatoria, ni tampoco por la colocación de las urnas, sino exclusivamente porque, “consciente y deliberadamente”, desobedecieron la orden del TC y permitieron y colaboraron en la realización de la consulta. En su argumentación, el tribunal afirma que Mas pervirtió los principios básicos del Estado de Derecho al quebrantar la “regla básica imprescindible para una convivencia pacífica, la que pasa indefectiblemente por la sumisión de todos al imperio de la ley y al cumplimiento de las resoluciones judiciales”, pero le absuelve del delito de prevaricación al considerar que “no puede descartarse un juicio interpretativo , en todo caso erróneo, que represente la posible legalidad del proceso del participación en los términos en que se produjo”. Sorprende este argumento por parte del tribunal, porque no parece comprensible que Mas y sus consejeras pudieran creer que la ley autonómica de consultas no refrendarias tuviera mayor rango que la propia Constitución y la providencia del TC. Pero más sorprende que el condenado con una sentencia tan benevolente proclame, después de acatarla, que ésta demuestra que “los españoles no son iguales ante la ley”, pues si razonable es reivindicar la igualdad cuando se sufre agravio comparativo, no parece serlo cuando este agravio es en su beneficio, y menos aún que se reivindique la insumisión por lata injusticia: “No os dejéis impresionar por estas sentencias –dijo-. Nos querían condenados y arrodillados, pero nunca estaremos arrodillados”.

Dice Artur Mas que la justicia le persigue por sus ideas, y Puigdemont vaticina que si la justicia española lo condenó, el pueblo “lo indultará votando”, como si el voto de miles o cientos de miles pudiera corregir las leyes o anular las sentencias de los tribunales. Aunque tanto tirios como troyanos insistan en que la judicialización del desafío secesionista no es el modo más adecuado de resolverlo y todos insistan en la necesidad del diálogo político para afrontarlo, la persistente conculcación de las leyes de los gobernantes independentistas y su pretensión de estar por encima de ellas, les conduce ineludiblemente a los cangilones de la justicia.

La democracia española tiene sin duda deficiencias que deberíamos corregir para garantizar la igualdad de los derechos jurídico políticos de todos los ciudadanos. Pero no deberíamos ignorar tampoco las deficiencias de interpretación de algunos compatriotas respecto al significado de la Democracia y los derechos y las libertades que ampara. Aunque estos no quieran entenderlo, y confundan a sabiendas procedimientos con fundamentos, tendremos que armarnos de paciencia para repetirles, sin acritud y con serenidad, que sin respeto a la ley, no hay democracia. Porque la ley es el marco de entendimiento al que todos estamos sujetos y el instrumento que procura y fomenta una convivencia justa y en paz.

Tal vez los independentistas han llegado a la conclusión de que el Estado de Derecho es un tigre de papel que se disuelve con unas gotas de agua. Quieren creer y hacernos creer que la voluntad de unos cuantos puede imponerse a la voluntad general y a las leyes que nos hemos dado, como si fuera una creencia religiosa. Una convicción que elevan a leyenda mítica, para de este modo lograr la legitimidad de su reconocimiento y aceptación. Pero su nacionalismo voluntarista no solo choca contra la voluntad general y su ejercicio, que es la soberanía, sino contra los derechos y las libertades de todos, restringiéndolos y cercenándolas. Decía Schumpeter que “darse cuenta de la validez relativa de las convicciones propias y, no obstante, defenderlas resueltamente, es lo que distingue a un hombre civilizado de un bárbaro”, y Berlín añadía: “Pedir más es quizás una necesidad metafísica profunda e incurable. Pero permitir que ésta determine la propia práctica es síntoma de una inmadurez moral y política igualmente profunda y más peligrosa”.

 

 

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