Tibia mañana de primavera

   Vivimos tiempos de crisis en los que la posverdad ha llegado para quedarse como modo de información fraudulenta                                                                                                                                             

Tras una semana de inesperados calores, el miércoles el cielo amaneció gris, cubierto de nubes, y bajaron las temperaturas mínimas, como ya habían anunciado los meteorólogos. En su favor, también anunciaron tormentas y algún chubasco, sobre todo en la sierra, que llegarían con escrupulosa puntualidad por la tarde. Pero antes de que las nubes regaran el indómito asfalto, al alba, sin previo aviso, la UCO detenía en su domicilio a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y a once personas más, en el marco de la Operación Lezo que dirige el juez Velasco de la Audiencia Nacional sobre la corrupción en el Canal de Isabel II por parte de sus antiguos gestores y en la que también han resultado imputadas más de veinte personas. Un mazazo judicial que acorrala al partido del Gobierno, ajusta las cuentas a la corrupción sistémica y sirve de aviso a republicanos sedicentes y populistas antisistema de que nuestra Democracia posee más que sobrados recursos para corregir los desmanes de los gobernantes y devolver la confianza en las instituciones a los ciudadanos.

Vivimos tiempos de crisis, es decir del fin de una época y el comienzo de otra. En el ámbito internacional ha llegado la posverdad para quedarse como modo de información fraudulenta, la multilateralidad ha sido sustituida por la ley del más fuerte y el libre mercado por la imposición de las grandes corporaciones financieras frente a la sociedad desarmada. En España, a esta crisis global sumamos la nuestra. Una crisis política, económica y social que ha puesto en cuarentena al régimen surgido de la Transición. La falta de transparencia de los gobernantes, la pobre democracia en la organización y funcionamiento de los partidos políticos y la politización de la justicia, han alimentado una extensa corrupción y la consiguiente desconfianza hacia el sistema, que populistas y secesionistas alientan como trampolín y coartada para su derribo. Mientras en la crónica de tribunales siguen cayendo, como las hojas del calendario, imputados y condenados que en el pasado tuvieron responsabilidades de gobierno, Podemos ha fletado un autobús con las caricaturas de conocidos políticos, periodistas y empresarios que quiere ser denuncia de una supuesta trama de corrupción que esquilma al país desde la Transición. Una denuncia que lleva en su germen la posverdad, pues además de juntar en el mismo carrusel a inocentes y condenados, alienta la desconfianza hacia el sistema y propala la aparente impunidad que disfrutan gobernantes y poderosos.

Ajeno al escándalo público, el Gobierno sigue aupado en su mendicante minoría, como si denuncias y condenas formaran parte de una historia pasada que nada le afecta. Sabe que el mal menor es el camino votado por el Parlamento, y en él se ampara. Si el lunes el PP se oponía a la comparecencia física de Rajoy como testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional en el juicio contra la trama Gürtel, el miércoles se filtraba que el nuevo fiscal anticorrupción, Manuel Moix, había intentado poner trabas a la Operación Lezo. Interrogada en el juicio sobre la Gürtel, Esperanza Aguirre, se confesó “conmocionada” porque su antiguo vicepresidente y sucesor en la Comunidad de Madrid pudiera ser condenado. “Sería para él un calvario”, dijo, tal vez pensando en que no sean “dos ranas” sino muchas más a las que entregó confianza y poder cuando era presidenta.

En un alarde de transparencia y sometimiento a la división de poderes, Rajoy ha querido mostrar su respeto a las decisiones judiciales y ha accedido a responder ante la solicitud de la Audiencia Nacional “como un acto de pura normalidad” en la forma que estimen los jueces. Pero la sospecha de intervención por parte del nuevo fiscal Anticorrupción no ha impedido que tanto el PSOE, como Podemos y C´s, hayan solicitado la comparecencia en el Congreso del Ministro de Justicia, del Fiscal General y del Ministro del Interior, para que expliquen lo que puedan saber sobre las instrucciones de Manuel Moix para frenar la Operación Lezo. ¿Conseguirá la nueva mayoría parlamentaria acometer las reformas que aseguren la división de poderes y el fin de los privilegios políticos? ¿Podrán los jueces purgar las instituciones de corruptos y liberar a la justicia de la intromisión política? ¿O seguiremos creyendo que la fanfarria de populistas y antisistemas nunca convencerá a las mayorías porque está preñada de posverdad?

 

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