Lo entiende casi cualquiera

La independencia de los tres poderes, fundamento del Estado de derecho

Como un Guadiana del subconsciente, emerge en el PSOE, cuando posee el mandato de gobierno, una tendencia inquietante, que busca lograr sus postulados diluyendo los límites de la división de poderes del Estado bajo la preeminencia del Ejecutivo.

Mucho se debatió en 1985 la reforma del CGPJ, que terminó con la sentencia del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra: “Montesquieu ha muerto”. Argumentaba el líder socialista, que si la soberanía popular residía en Las Cortes, a éstas le correspondía elegir el gobierno de los jueces, con lo que a la primitiva elección de ocho vocales por el Parlamento, se sumarían los otros doce que la ley del Consejo de 1980 atribuía a la elección directa de jueces y magistrados. De este modo, confundiendo propiedad y ejercicio de soberanía, se blindaba el Gobierno socialista de un poder judicial independiente de la mayoría parlamentaria frente a los retos que debía abordar.

Hoy, con una mayoría precaria, de nuevo un Gobierno socialista intenta señalar la senda que debe recorrer el poder judicial en el juicio a los protagonistas del procés. En un ejercicio de funambulismo político, sugería Sánchez el miércoles en el Congreso que tal vez no debiera hablarse de rebelión respecto a la Declaración unilateral de independencia por los gobernantes de la Generalitat. Al día siguiente, le coreaba su vicepresidenta, Carmen Calvo, por las antenas de Onda Cero, negando que el delito por el que van a ser juzgados los políticos separatistas, fuera el de rebelión, porque éste requiere el uso de la fuerza y “tiene que darse por militares o civiles armados a las órdenes de un militar”, dijo citando a Federico Trillo, e insistía en la necesidad del diálogo para resolver el más grave problema al que se enfrenta España.

A la pregunta de Carlos Alsina sobre si, para favorecer el diálogo, estaría dispuesta a visitar en la cárcel a un preso imputado por un posible delito de rebelión, como había hecho Pablo Iglesias, socio del Gobierno, respondía Carmen Calvo con una negativa. “Eso lo entiende casi cualquiera”, dijo, pues si ella, como vicepresidenta del Gobierno, no debía hacerlo, no le parecía mal que otro político, sin responsabilidad de gobierno, lo hiciera.

Casi cualquiera entiende el respeto que en un Estado de derecho se debe a la independencia de los tres poderes, porque es su fundamento. Pero lo que al parecer no terminan de entender Carmen Calvo –doctora en Derecho constitucional- ni Pedro Sánchez, nuestro Presidente, es que, precisamente por ser miembros del Gobierno, sus declaraciones públicas, tanto sobre la conveniencia de la prisión preventiva o sobre la diferente tipología de los delitos por los que van a ser juzgados por el Tribunal Supremo los presos independentistas, constituyen una fragante vulneración de ese respeto que sin embargo proclaman. Casi cualquiera lo entiende.

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