El relator nonato

         Tras la ruptura de negociaciones con Torra y los secesionistas, es difícil evitar preguntarse por qué Carmen Calvo no advirtió al Presidente sobre la inconstitucionalidad de sus demandas y la impertinencia del relator

Problema esencial de la política es entregar o no a un solo hombre el destino de toda una comunidad. La República Romana se previno contra la previsible arbitrariedad humana nombrando dos cónsules, para que en su gestión de gobierno cualquiera de los dos pudiera corregir los eventuales desafueros del compañero. Todo se terminó con la llegada del Principado y del Imperio, en el que el Emperador mandaba por encima del Senado y de los ciudadanos, y no era elegido por aquel ni por estos.

En las democracias modernas existen modelos presidencialistas y parlamentarios, pero tanto en unos como en otros la soberanía popular reside en el Parlamento, que si acaso no nombra, controla y corrige las decisiones del Gobierno.

La democracia española se define como una Monarquía parlamentaria, en la que el Jefe del Estado, el Rey, nombra Presidente del Gobierno a quien dispone de una mayoría en el Congreso; es decir, que al jefe del Gobierno lo elige la voluntad general representada por esa mayoría. Sin embargo, el mencionado riesgo de arbitrariedad se cuela a través de los procedimientos de gestión que la Constitución concede al Gobierno, permitiendo que soslaye en previsión esa voluntad general a través, entre otros, del Real Decreto Ley; iniciativa legislativa pensada para situaciones de urgencia, que ha sido usada discrecionalmente por todos los presidentes.

Dada su minoría parlamentaria, en los ocho meses de presidencia, Pedro Sánchez ha abusado de este procedimiento, que si bien tergiversa la función, no cuestiona nuestro marco jurídico; cosa que si hace la figura del “relator” que los independentistas habían impuesto para mediar, conducir o dar fe de las negociaciones entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno del Estado.

Conociendo los 21 puntos del documento que Torra entregó a Sánchez en el Palacio de Pedralbes, resultaba arduo imaginar que pudiera llegar a algún tipo de acuerdo con el Gobierno, pues muchos de sus epígrafes requerirían una reforma constitucional para aprobarlos, lo cual no concierne a la potestad del Presidente. Se antoja, por tanto, que no era intención de Torra y su tropa secesionista lograr mediante el diálogo lo imposible, sino más bien publicitar el reconocimiento internacional del supuesto “conflicto” mediante una figura que tradicionalmente ha mediado entre las partes en las disputas internacionales.

Ahora, tras la alarma social y política suscitada y la ruptura de negociaciones con los secesionistas, es difícil evitar preguntarse por qué la vicepresidenta –doctora en Derecho constitucional- no advirtió al Presidente sobre la impertinencia del relator y la inconstitucionalidad de las demandas de Torra, pues nuestra democracia es parlamentaria, y es en el Parlamento donde se debaten y dirimen, con luz y taquígrafos, los diferentes intereses de la sociedad. Porque eso, como suele apuntar la vicepresidenta, “lo entiende casi cualquiera”, hasta el resistente doctor Sánchez.

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