Ofuscación o ceguera

 En la obcecada defensa del Gobierno, invierte la Fiscalía, para su desprestigio, la jerarquía natural de valores, dando por bueno lo que explícitamente es malo, y por malo lo que parece bueno. 
El documento que la Fiscalía ha enviado al Tribunal Supremo para eximir de responsabilidad alguna al Gobierno en la desastrosa gestión de la crisis sanitaria producida por el Covid-19 y las letales consecuencias que provocó, más parece desiderátum o ensoñación de realismo mágico, que texto jurídico.
En su voluntad exculpatoria, invierte la Fiscalía la jerarquía de valores, dando por bueno lo que explícitamente es malo, y por malo lo que parece bueno. Pero más allá de esta ofuscación y prejuicio, sorprenden los conceptos que asume de diligencia, certidumbre y causalidad, pues si valora como diligente lo que para cualquier observador resulta tardanza, y la probabilidad de certeza le parece inalcanzable en lo obvio, niega la causalidad al efecto producido por causa.
Asegura la Fiscalía que no cabe atribuir responsabilidades penales al Gobierno, porque su actuación fue la que exigía el deber de diligencia, entendiendo por diligente el retraso de mes y medio del Gobierno en la adopción de medidas y aprovisionamiento de medios para enfrentarse a la epidemia, pues, además de las recomendaciones de la OMS para dotarse del material sanitario apropiado por la crisis sanitaria en China y las recomendaciones del Centro Europeo de Control de Enfermedades Infecciosas sobre la restricción de las concentraciones multitudinarias, el 30 de enero la OMS declaraba la Alerta Sanitaria Internacional.
No cree la Fiscalía que la supuesta falta de equipos de protección “hubiera permitido con una probabilidad rayana a la certeza evitar o disminuir en modo sensible lo finalmente sucedido”, poniendo en cuestión no sólo la conocida falta de equipos, sino la relación causal entre esta carencia y la alta tasa de contagios entre los sanitarios españoles; una de las razones del colapso de nuestro sistema sanitario, al provocar la baja por enfermedad de quienes debían atender a los enfermos. Del mismo modo, parece que tampoco encuentra probabilidad de certeza entre la escasez de test para detectar a los enfermos y aislarlos con la propagación de la enfermedad producida por los enfermos asintomáticos, lo cual resulta a todas luces pedestre.
Con el mismo criterio, no advierte la Fiscalía que “los miembros del Gobierno pudieran haber infringido deber u obligación alguna, o actuación cuya implementación hubiera evitado o disminuido los resultados lesivos finalmente acaecidos”, con lo que no solo niega la relación causal, científicamente probada, entre la no adopción de medidas de protección e higiene y la propagación de la enfermedad, sino el retraso evidente en la adopción de estas medidas tras ser informados por las instancias internacionales, como ya he señalado.
No podemos saber si el documento de la Fiscalía es fruto del colectivo de fiscales o relación causal de la voluntad exculpatoria de quien fuera hace tan solo unos meses ministra de Justicia de Sánchez. Pero, tanto sea por uno u otro motivo, esta arriscada, por más que irracional, defensa del Gobierno no avala ni el prestigio ni la independencia que debería tener la Fiscalía General del Estado.

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