Pútrida flor

(No se trata de decir a toro pasado lo que el Gobierno y la oposición pudieron hacer y no hicieron, sino de recordarles lo que aún están a tiempo de hacer y deben)

La verdad siempre resplandece al final, cuando ya se ha ido todo el mundo, decía Julio Cerón, el fundador del mítico Felipe. Lo que no añadió fueron las numerosas víctimas que tantas veces acopia su triunfo.

La sentencia en 2010 del TC sobre el Estatuto de Cataluña y la posterior manifestación de rechazo del 10 de julio, “Som una nacio. Nosaltres decidim”, por el Paseo de Gracia con todos los presidentes de la Generalitat al frente, marca un hito decisivo del desafío de los separatistas. A partir de ese momento, su hoja de ruta se muestra sin embozo, decididos a imponer la secesión de Cataluña al margen de los procedimientos democráticos y contra la legalidad española e internacional. Las sesiones del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre, en las que se aprobó la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad jurídica para la proclamación de la independencia, más allá de una mascarada democrática, fueron la rúbrica de esa voluntad excluyente, rupturista y totalitaria que el nacionalismo ya no esconde. Lo que ha sucedido después, más que previsible, estaba programado.

Conscientes de la ilegalidad e ilegitimidad de sus actos, los gobernantes catalanes, con Puigdemont, Junqueras y Forcadell a la cabeza, adujeron que sus adversarios les habían obligado a hacer lo que no debían, y al no disponer de unas leyes apropiadas al caso, no tenían más remedio que conculcar las vigentes y justificar la legitimidad de sus decisiones en la mayoría del Parlament que le era propicia. Ante tamaña barbaridad y escarnio democrático, el Gobierno debería haber actuado, no sólo recurriendo a la justicia para que sancionara la ilegalidad de tales actos e inhabilitara a sus protagonistas, sino ejerciendo las funciones que la Constitución le confiere, como la Ley de Seguridad Nacional o el denostado y próvido artículo 155. Pero se abstuvo de hacer esto último, y las consecuencias de su inacción e impasibilidad las estamos viendo. No sólo no impidió la realización del Referéndum ilegal el 1-0, sino que su torpe decisión permitió que la fecha se convirtiera en fúlgido escenario de la insurrección. ¿Alguien podía desdeñar los evidentes riesgos de tumulto y desorden callejero que provocaría la acción policial? ¿No era previsible el uso espurio de las imágenes por los facciosos? ¿Acaso era inconcebible el acicate del victimismo y su justificación para la proclamación de la independencia?

Hace días se lamentaba Mariano Rajoy de que nadie podía imaginar a los extremos que han llegado los secesionistas, y que su desprecio de la legalidad y la deslealtad institucional le iba a obligar a hacer lo que no quería hacer, para posteriormente justificar su actuación en que había aplicado “la ley y sólo la ley”. Y ahí parece radicar la raíz de la inacción de nuestro Presidente. Primero, por no valorar en su justa medida los riesgos; después, por no atreverse a implementar las medidas necesarias para conjurarlos; y por último, por no entender que su principal función como gobernante es hacer Política, política con mayúsculas, y no sólo gestión pública.

Ni que decir tiene que los responsables de la mayor crisis a la que se enfrenta España desde el golpe de Estado el 23 F, son los independentistas, pues ellos son quienes están poniendo en riesgo nuestra democracia y la convivencia en paz de todos los españoles. Pero no podemos ignorar que la inacción o tolerancia con la deslealtad y la insumisión de los nacionalistas catalanes no sólo ha sido de Rajoy, sino también en buena parte del resto de los gobernantes de nuestra democracia. En primer lugar, auspiciaron su sobre representación en las Cortes aprobando una ley Electoral que les favorecía, y más tarde, toleraron su “continua y sistemática vulneración de las leyes”, que advierte y critica acertadamente el Rey, con una permisividad negligente. No sólo fueron laxos en la defensa de la legalidad constitucional y de los principios de igualdad democráticos, sino que no valoraron los deletéreos efectos sobre la ciudadanía del adoctrinamiento en el odio y el repudio de España al que los diferentes gobiernos de la Generalitat han sometido a generaciones de catalanes, con la coartada de la inmersión lingüística y bajo el “principio regular de la exclusión”, como señala con lucidez Félix Ovejero. Y en ese hediondo caldo de cultivo no podía sino germinar el separatismo como una bunga bangkai mediterránea. Que algunos personajes del espectáculo mediático obtengan rédito con su apología, tal vez sea comprensible, pero no así que partidos políticos no nacionalistas compartan su discurso y quieran pescar ahora en el río revuelto de la rebelión.

Pero no es cuestión de decir a toro pasado lo que pudieron hacer y no hicieron tanto el Gobierno como la oposición, sino de hacer, aunque tarde, lo que aún pueden y deben, no sólo para defender la democracia, la libertad y la igualdad de los españoles, sino para evitar que esta farsa nacionalista e intento de golpe de Estado termine en tragedia.

Las uvas maduras

             Con la aprobación de los Presupuestos, Rajoy da estabilidad a una legislatura que muchos auguraban corta y a trompicones                                                                                                                         

El miércoles el Congreso aprobó los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y Rajoy consigue dar un nuevo paso en su alfombra de ascuas. No sólo consigue el apoyo de la mayoría y da estabilidad a la legislatura hasta 2019, sino que hace compatibles las divergentes hojas de ruta de los contrarios, como C´s y los nacionalistas. Sin embargo, esto no ha sido sólo logro de su elocuencia o capacidad de diálogo, sino de un saber político y sentido común que tantos le niegan. “Ser serio, generar confianza y cumplir tu palabra es lo único que funciona en político y en cualquier faceta de la vida”, les dijo a sus compañeros de partido en la clausura del congreso en Mallorca.

Con el crecido fondo de la chequera que ha traído la recuperación económica ha sabido romper reticencias y ganar voluntades. En la cuneta van quedando amortizados los cadáveres de la corrupción, sin que apenas logren empañar su mandato, curtido de resiliencia. Son asuntos de otra época, dicen los suyos. Rajoy nada tiene que ver ni ocultar sobre la rampante corrupción que gangrenó su partido mientras él era secretario general o presidente. Ahora, C´s, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Foro Asturias, además del PP, le han brindado su apoyo para sacar adelante las cuentas, olvidando pesares y deudas. C´s se apuntó 4000 millones de aumento en diversas partidas sociales: el PNV, 5400, entre un nuevo cálculo del cupo e inversiones para el AVE; coalición Canaria, 1200; Nueva Canarias, 200 y Foro Asturias, 65. Cada partido barrió para casa, llevándose lo que pudo en esta rebatiña de subasta patriótica. Los que se quedaron a dos velas, y por tanto, a dos velas sus electores, fueron los de la izquierda y los independentistas. Los primeros por andar a por uvas sin encontrarlas; los segundos por despreciarlas, creyéndolas verdes.

Tras la firmeza del Gobierno para impedir que se realice el referéndum ilegal, el presidente de la Generalitat no ha expresado su malestar por la disminución de la inversión extranjera en Cataluña tras la consulta del 9-N, ni por la deficiente gestión de los recursos públicos y el aumento de la deuda pública de Cataluña, sino por la falta de capacidad de diálogo del Gobierno que no se atiene a negociar el día y la hora de la consulta. Esas uvas verdes, verdes como la albahaca. “Basta ya de flirtear en los confines de las costuras del sistema democrático”, dijo indignado, quien no ya en los confines, sino mucho más allá de los límites, lleva a su Gobierno por el ronzal de la sedición, convencido de que el Estado es un tigre de papel y de que saldrá impune del golpe de estado legal que piensa ejecutar.

Si Puigdemont y su tropa emulan a la zorra en la fábula de Esopo, Sánchez e Iglesias siguen el aforismo popular del extravío, sin percatarse de que están a su alcance esas uvas maduras que no desprecian. El resucitado líder socialista, preocupado por controlar el congreso de su partido, descabezar el poder de los barones e impedir que Podemos se apropie de la representación de la izquierda que tiene por propia, apenas le quedó tiempo para pensar en los Presupuestos. Iglesias, con la obsesión de expulsar al PP de las instituciones y situar a Podemos y sus confluencias en la centralidad del debate político, ha propuesto una moción de censura contra Rajoy como una réplica de la que González le hizo a Suárez. Pero sólo aspira a tumbar a su reticente aliado y puede acabar siendo su tumba política.

Da la sensación de que el único que acierta en este desbaratado momento político es el vilipendiado Rajoy, al que casi de todo, menos de tonto, se le ha tildado. Mal que les pese a sus adversarios y con el lastre de la corrupción a su espalda, ha logrado que se mantenga la recuperación económica, que seamos el país de la UE que más crece, que se creen más de millón y medio de puestos de trabajo y que España haya recuperado su peso político en la esfera internacional. ¿Alguien da más? Sí, él mismo. Si lograr resolver airoso el desafío secesionista, terminará la legislatura que muchos auguraban corta y a trompicones. ¡Será por prudencia, inteligencia o templanza!

Delirante, alevoso y falaz

Contra el afán de los secesionistas, nuestro régimen parlamentario sí dispone de los recursos suficientes para garantizar la democracia y el Estado de derecho

En un lunes de sol espléndido Madrid recibía a los independentistas con sus arengas y soflamas fratricidas, mientras los hermanos del Camborio felicitaban al muerto resucitado a la espera de que el electorado lo entierre de nuevo. Tras intentar explicar sus falacias en medio mundo sin lograr auditorio, el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, vino a proclamar alto y claro en la capital del Reino sus quejas por la pobre democracia española, que no les permite ni a él ni a su Gobierno conculcar la ley sin sancionarlos. Pero no quiso hacerlo en el Congreso, sede de la soberanía nacional, donde estaba invitado, sino en la Casa Consistorial, con el patrocinio de la alcaldesa Carmena y el amparo de la diosa Cibeles, diosa de la naturaleza agreste y madre de los Olimpos.

Ante dos centenas de interesados, custodiado por dos de sus consejeros, Oriol Junqueras y Raül Romeva, reclamó Puigdemont la necesidad del diálogo. “¡Ay! ¿Por qué queréis echar este peso sobre mí? No soy apto para el gobierno y la majestad”, se excusaba Ricardo III tras las intrigas y celadas que le llevarían el trono. Diálogo, pedía el president, para acordar el día y la hora de un referéndum ilegal, no para resolver el conflicto que él y los suyos han creado. Reclamó más democracia -que en su pensamiento está cercenar-, para permitir que el pueblo se exprese, porque, sin duda, es el mejor modo de saber lo que quiere. Aludió a las palabras del Rey cuando era Príncipe en 1990: “La democracia expresa sus proyectos en las urnas”, y recordó como antecedente de su voluntad transgresora la Operación Tarradellas, por la que el Gobierno de Suárez asumió en la Transición el reconocimiento de la Generalitat dentro del marco del Estado de las autonomías. Después, reprochó al Gobierno la negativa a negociar y el uso de la Fiscalía y el Tribunal Constitucional contra los secesionistas, y anunció, como enfática advertencia, que a pesar de todo “el Estado español no dispone de tanto poder para impedir tanta democracia”.

Tras su insólito discurso, no por conocido menos sorprendente, se prodigaron sus jefes de espada. Oriol Junqueras, sobre la viabilidad de una Cataluña independiente, intentando conjurar los temores de recesión tras el aislamiento; y Romeva, para pedir comprensión a la ciudadanía bajo indulgente amenaza: “España tiene un problema: se juega su democracia en Cataluña”.

Discurso delirante, alevoso y falaz el de los secesionistas, más atentos a satisfacer sus deseos que a dotar siquiera de forma legal sus propuestas. Delirante, por pedir al Presidente del Gobierno, en aras de una mayor democracia, que se salte las leyes y consiga el apoyo de las Cortes para su intento de secesión. Alevoso, por ocultar el borrador de La Ley de Transitoriedad Jurídica, un apaño de ley de ruptura que dotaría de apariencia legal la consiguiente Declaración de independencia en caso de no poder celebrar el referéndum. Y falaz, por tratar de pasar por verdad lo que sin duda pertenece a su opuesto.

Faltó a la verdad Puigdemont al hacer propias las palabras del Rey, cuando era Príncipe, sobre la relación entre democracia y urnas, pues no cuentan entre sus preferencias que el pueblo exprese mediante el voto su voluntad general, sino tan sólo una parte, la que los secesionistas asumen por propia. Faltó también a la verdad al afirmar que Rajoy se niega al diálogo, pues en numerosas ocasiones le ha propuesto que lleve sus propuestas a las Cortes, para poder debatir lo que a todos los españoles interesa. Y faltó a la verdad al calificar de “voluntad política”, lo que no es sino conspiración, al sugerir al Presidente que urda una “Operación de Estado” para saltarse la Constitución y encontrar en las Cortes los “acuerdos necesarios” para lograrlo.

No mintió, sin embargo, su consejero Romeva al afirmar que España se juega su democracia en Cataluña, pues si nuestra Democracia no consigue resolver el desafío secesionista, no logrará garantizar la igualdad jurídica y política de todos los ciudadanos -también de los sediciosos-, fundamento de cualquier democracia. “Cuando la opinión contraria vence a la mía, no se prueba otra cosa sino que yo me había equivocado, y que lo que yo consideraba voluntad general no lo era”, dice Rousseau. Para desgracia de Puigdemont y su tropa, el Estado español sí dispone de los recursos suficientes para garantizar la democracia y el Estado de derecho. No en vano, la Constitución contempla su extravagante desvarío y sanciona el modo de corregirlo y enmendarlo.

De la raíz a la copa

A la espera de secar el venero del exuberante árbol de la corrupción, podemos ir segando sus ramas más prósperas                                                                                                                                              

El martes, el Congreso se llenó de voces y clamores justicieros. Fuegos de artificio para que todo el mundo sepa el enfado de sus señorías con la intromisión del Ejecutivo en el trabajo de los tribunales. Todos los grupos de la Cámara apoyaron la reprobación del Ministro de Justicia, del Fiscal General y de su subordinado, el de Anticorrupción, a los que acusan de “obstaculizar la acción de la Justicia en las causas judiciales por delitos relacionados con la corrupción”. Dicen que Catalá promovió la salida de la anterior fiscal general, Consuelo Madrigal, por no ceder a las presiones el Gobierno; que se interesó por la suerte del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, hoy encarcelado; que Maza apartó a dos fiscales del caso 3% en Cataluña y que nombró a Moix a sabiendas de que era el deseado por los imputados de la Púnica; y que Moix trató de obstaculizar la investigación de la Operación Lezo, para no perjudicar a cargos del PP investigados. Los 207 diputados que aportaron su voto a la moción presentada por el PSOE pretendían que Rajoy cesara a Catalá, Maza y Moix, para que resplandeciera la independencia judicial, lastrada por la dependencia política que los últimos acontecimientos supuestamente desvelan.

El Presidente del Gobierno respondió el miércoles que los tres reprobados cuentan con su “plena confianza” y pidió al portavoz del PSOE, Antonio Hernando, que “no haga perder el tiempo a la Cámara”, con una moción de causa partidista. “Espero que el domingo 21 llegue su Pentecostés”, le espetó con sorna en referencia a la falta de unidad y liderazgo que afecta a su partido.

Pero más allá de esa posible causa espuria, debemos pensar que sus promotores buscaban demostrar al Gobierno y a la opinión pública que a la mayoría de los diputados no les gusta el comportamiento del ministro de Justicia, ni del fiscal general y su jefe de Anticorrupción. Una redundancia política, pues tanto el Gobierno como la opinión pública lo saben, y un absurdo legal, pues sus promotores no ignoran que la reprobación de ministros y fiscales no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Aunque de haberlo conseguido, más que redimir la independencia judicial del Ejecutivo, hubieran logrado su ratificación.

Más pragmático estuvo Rivera, que aprovechó la ocasión para recordarle al Presidente su compromiso con el fin de los aforamientos que firmó para su investidura. “No tenga miedo a perder el aforamiento, actúe”, le dijo. Pero del mismo modo que a Hernando, Rajoy lo ha despachado con derroche de farol al aconsejarle que deje de “dar la lata con el pasado” y mire al futuro con ánimo constructivo. Como si ese futuro pudiera construirse sobre el pútrido pantano de la corrupción.

En el espinoso asunto de los aforamientos uno tiene la sensación de que se enfrentan dos concepciones antagónicas sobre el significado de la responsabilidad y la transparencia del gobernante, que unos entienden absolutas y otros tamizadas por la prudencia. Me dice un buen amigo, veterano popular, que antes habría que suprimir las puertas giratorias, porque más allá de la reforma del CGPJ y del Estatuto Fiscal, el pago por los servicios prestados sería una tentación contra la imparcialidad de jueces y magistrados, como ya podemos observar. “En lugar de podar la copa, habría que cortar las raíces –me dice-. Lo contrario es empezar la casa por el tejado”. Y yo me muestro de acuerdo con su certera propuesta, aunque le replico que a la espera de secar el venero del exuberante árbol de la corrupción no estaría mal ir segando sus ramas más prósperas, para que la aviesa sombra que cobija a los corruptos deje de protegerles.

Si el PP teme que al suprimir los aforamientos y no limitar la acción popular sus adversarios intentarán ganarle en los tribunales lo que perdieron en las urnas, habrá que inferir que o bien no cree en la imparcialidad de los jueces o sospecha de la mala conducta de sus dirigentes. Y si se niega a cumplir la eliminación de los aforamientos y a separar del cargo a los gobernantes imputados por corrupción, con la excusa de una reforma más profunda como parece pretender con la Subcomisión para una Estrategia Nacional de Justicia, sugiere que no le asiste la menor intención de regeneración democrática y que sus pactos son, en el mejor de los casos, papel mojado, y en el peor, estrategias para la conservación del poder. “Una nube de humo para ocultar las verdades intenciones”, como con tanta agudeza expone Greene en su Tercera Ley del Poder.

 

Las barbas del vecino

Las bondades del refranero, que tanto sirve para avalar un pensamiento como su contrario   

El domingo pasado el cielo de Madrid era azul diáfano, desaparecidos los cúmulos y nimbos que anunciaban tormenta, como si el invierno quedara definitivamente superado. En París, sin embargo, las nubes cubrían el cielo, como una ominosa incertidumbre a la espera de los resultados electorales que han resultado esperanzadores.

Antes de media noche los franceses sabían que había ganado Emmanuel Macron, el joven y osado liberal, independiente de los partidos políticos y agnóstico de la división entre izquierda y derecha que sus antepasados registraron para la historia. Marine Le Pen, la gran derrotada, aseguró que deberán acometer importantes cambios en su partido, para hacerlo más soberanista y antiglobalizador, porque ha entendido el mensaje del pueblo.

Como otros populistas, Macron percibió que los grandes partidos que habían gobernado Francia estaban tocados de muerte. Abandonó el gobierno de Hollande y se dirigió al encuentro de una ciudadanía desconfiada de los partidos políticos. A pesar de las enormes diferencias que les separan, con Le Pen comparte el rechazo de la vieja política, la división entre izquierda y derecha y el deseo de devolver al pueblo la soberanía que le pertenece. Ambos han percibido el rechazo que las élites dirigentes concitan entre los ciudadanos, y ambos insisten en que ellos no pertenecen al sistema. De ahí su éxito, pues fueron los dos más votados en la primera vuelta de la presidenciales.

“En España también vivimos el mismo descrédito de la clase política -me dice un amigo-. Y tendremos parecidos resultados. Ya sabes, cuando las barbas de tu vecino veas pelar…”. Yo me quedo pensando en las bondades del refranero, que tanto sirve para avalar un pensamiento como su contrario.

En su campaña electoral, Macrón insistió en que no era un profesional de la política. Nada quería saber de “esa casta política” que ha gobernado la V República y fundó En marcha, un movimiento ciudadano al margen de los partidos políticos con voluntad de gobierno. Ahora, de acuerdo a sus promesas, quiere incorporar a la sociedad civil en la dirección del país. En las candidaturas para las legislativas de su nuevo partido, La República en marcha, el 50% están integradas por personas sin experiencia política y respetan la paridad de género. Además, La Ley de Moralización de la Vida Pública que quiere aprobar incluye el límite de tres mandatos seguidos para cualquier cargo, suprimir las jubilaciones especiales, prohibir la contratación de familiares y disminuir un tercio el número de escaños.

Más o menos como en España, donde a los límites para la selección de sus dirigentes, que tanto los viejos como los nuevos partidos imponen, no se aprecia en ninguno la menor intención de racionalizar el abultado número de cargos públicos, democratizar su elección o disminuir sus privilegios. Ejemplo sobresaliente es el único punto en el que todos están de acuerdo para la reforma de la ley electoral que actualmente debaten en comisión: aumentar un 15% el número de diputados, para así democratizar el Parlamento, dicen. Será que en España ya estamos afeitados.

Poderoso caballero

 Se estima la seriedad como el cumplimiento de la palabra, aunque ésta pueda modularse con el halago de la plata.   

El rechazo de las enmiendas totales a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 es una buena noticia para el Gobierno, pero no tanto para los ciudadanos, que observan cómo la desigualdad de los españoles y el trato diferencial por territorios se sancionan desde el Parlamento. Antonio Hernando, el portavoz del PSOE, defendió las enmiendas a la totalidad porque, según su criterio, los Presupuestos “consolidan la precariedad” y porque la corrupción destruye la confianza en “todo lo que venga de este Gobierno”; y Unidos Podemos, los rechazó por antisociales y por aumentar la brecha entre pobres y ricos. Sin embargo, Cristóbal Montoro aseguró, como no podía ser de otro modo, que son los que España necesita para afianzar el crecimiento económico y crear empleo, y Ciudadanos los apoya, con la etérea advertencia de que sin su aprobación no se podrían pagar las pensiones.

 

Quienes también están satisfechos, además del Gobierno, son los nacionalistas vascos, que han negociado con lustre el voto de sus cinco diputados en el Congreso. “¿Quién podrá cuanto el deseo, aunque imposible, conciba? ¿Y quién lo de abajo arriba vuelve en el mundo ligero?”, preguntaba nuestro genial Quevedo. Más o menos, 500 millones por barba, más una sustancial rebaja del Cupo y el reconocimiento del pago de la deuda por un cálculo equivocado. Momio que el consejero de la Hacienda Vasca, Pedro Azpiazu, no puede sino calificar de “acuerdo excelente”; Andoni Ortuzar lo incluye en el nuevo clima de confianza con el PP y Aitor Esteban lo justifica, a pesar de las circunstancias, para ayudar a la estabilidad política, porque “somos gente sería”. Sin embargo, una vez superada las enmiendas a la totalidad, quedan las enmiendas parciales, y para aprobar los Presupuestos se necesita la mayoría absoluta de la Cámara. Por eso tendremos que esperar a las peticiones de un diputado más, el necesario para llegar a los 176 votos de la mayoría absoluta, y ya todos apuntan al diputado de Nueva Canarias, que aunque no hace mucho negó con reiteración apoyar la investidura de Rajoy, porque sería “una renuncia a sus principios y a sus votantes”, ya recuerda, como anticipo a la negociación, el castigo al que el Gobierno ha sometido a Canarias en la última legislatura, que él calcula, de rondón, en unos 600 millones de euros por año. ¿Será por dinero?

Los españoles somos gente seria; los vascos, como españoles, también, y los canarios, no menos. Cuando damos la palabra, la cumplimos, salvo imponderables. Aitor Esteban, el portavoz del PNV, siempre ha sido un político razonable y dispuesto al diálogo. En el debate de investidura de Rajoy negó los votos de su grupo con el argumento de que con el PP iba a ser difícil entenderse, porque su estilo de gobierno era el rodillo y el recurso judicial contra la autonomía del gobierno vasco. “El PNV no nació con la vocación de ser el partido que proporcionase la estabilidad a España a costa de sus principios, sino para dar cauce al reconocimiento nacional vasco y la articulación de su soberanía”, dijo. Mientras Rajoy no entendiera que los vascos eran “una nación con voluntad mayoritaria de ser así considerados”, podía olvidarse de solicitar su apoyo. Ahora, al parecer, las cosas no pintan lo mismo.

No podemos saber si Rajoy ha modificado su idea de España, y al igual que Iglesias o Sánchez, piensa ya en una “nación de naciones” -culturales, por supuesto, las segundas-, para satisfacer a sus nuevos socios. Tampoco, si Esteban ya no exige a Rajoy el reconocimiento como nación del País Vasco, o que entre sus preferencias haya incluido la estabilidad política de España. Sólo sabemos que con el dinero prometido, a Esteban de momento le llega, y que Rajoy ha redefinido sus “límites de la realidad”, mucho más flexibles ahora respecto a la desigualdad de los españoles o a la discriminación por razón de residencia. Sólo nos queda saber en cuánto ha tasado Rivera el voto de sus 32 diputados y cuánto recibiremos de más los ciudadanos que no contamos con representantes diferenciales en nuestro territorio de residencia.

Los candidatos del pueblo

 La desconfianza hacia los partidos políticos no sólo se fundamenta en la corrupción e ineficacia, sino en su tendencia oligárquica.                                                                                                                            

Instrumentos necesarios de la democracia representativa, los partidos políticos ya no concitan como antaño la confianza de los electores, que no pocos ven como organizaciones parasitadas por camarillas de arribistas e intrigantes, más pendientes de la caja de caudales que de cumplir sus programas. Y esta desconfianza está llevando al poder a líderes que surgen de abajo, estrellas de la comunicación sin supuestas deudas ni servidumbres, que se proclaman genuinos representantes del pueblo, de ese pueblo marginado del poder, ajeno a las decisiones que los gobernantes toman contra sus intereses, al que hasta ahora sólo recordaban en la víspera de las urnas.

En su Juramento de la Presidencia, Trump reiteró su distancia con la clase política y declaró que no estaban transfiriendo el poder de un partido a otro, sino que “lo transferimos desde Washington DC y se lo devolvemos al pueblo”. En Francia, Marine Le Pen, que se reclama asimismo “la candidata del pueblo”, pasó a la segunda vuelta de las presidenciales con la promesa de llevar a los franceses al Elíseo frente a la “globalización rampante”. Pero no sólo la derecha xenófoba y populista se apropia de la representación exclusiva del pueblo. También Macron, el joven exministro de Hollande y vencedor de esta primera vuelta, se presentó como el candidato de los “patriotas franceses”, al margen de los partidos políticos, aunque proceda del Partido Socialista y haya creado el suyo propio, En Marche, un movimiento que agrupa distintas sensibilidades políticas.

En las democracias representativas, los partidos políticos tienen por función representar al pueblo, expresar sus exigencias y canalizar su voluntad pública. Sin embargo, resultado de su ineludible tendencia a la oligarquía -como ya advirtió Michels-, los líderes no sólo se alejan de sus seguidores, sino del mismo pueblo al que pretenden gobernar, formando un círculo endogámico que se retroalimenta y aísla. Este alejamiento se había combatido hasta ahora mediante una estructura jerarquizada que garantizaba la disciplina de los militantes, aseguraba la ejecución de las órdenes y servía para difundir entre la ciudadanía el mensaje social y político del partido y recabar su apoyo electoral. Pero ese apoyo se ha quebrado en los últimos tiempos como corolario de la Gran Recesión y de la profusa y vitriólica comunicación a través de las redes sociales que instiga y enerva la suspicacia.

Varios factores han preparado el cambio de actitud. Por un lado, la corrupción de los gobernantes, que antes parecía ineludible consecuencia de la posesión del poder, hoy se torna inaceptable gabela. Por otro, la dificultad de los partidos políticos para cambiar a los candidatos de dudoso o indigno comportamiento, exhibe con obscenidad su tendencia oligárquica. Y en tercer lugar, el estrecho margen de actuación de los gobiernos en un mundo globalizado, genera entre los electores un sentimiento de desconfianza hacia quienes han monopolizado el poder e incumplido con harta reiteración sus promesas.

Sin embargo, en las democracias representativas son los parlamentos los encargados de aprobar las políticas de los gobiernos, y la formación de mayorías se hace por acuerdos entre grupos, no por alianzas individuales. Vemos en EEUU, cómo Trump es incapaz de sacar adelante sus promesas, a pesar de su pertenencia al Partido Republicano, por no contar con el apoyo de las Cámaras. En Francia, si gana Macrón las presidenciales, tendrá que gobernar con un Parlamento dominado por la oposición, salvo que su embrionario movimiento político consiga una representación suficiente para apoyar su acción de gobierno. En España, Podemos también reclama la exclusiva franquicia del pueblo y excluye al resto de los partidos como representantes de una élite extractiva. Sin embargo, a pesar de que surgió de un movimiento popular y espontáneo, sus dirigentes han optado por un modelo piramidal de organización: el centralismo democrático de los partidos comunistas; aunque traten de suavizar su apariencia con la elección directa del secretario general, pero no así de su consejo de dirección, elegido a discreción por él.

Conocedor de la naturaleza oligárquica de los partidos y su dependencia electoral, Duverger proponía candidaturas libres para las elecciones al Parlamento, pues “los escrutinios de lista, de naturaleza colectiva y partidaria, refuerzan la oligarquía, mientras los escrutinios individuales la atenúan”. Si esa propuesta calara entre nosotros, sería una verdadera revolución para nuestra deficiente Democracia representativa.

Tibia mañana de primavera

   Vivimos tiempos de crisis en los que la posverdad ha llegado para quedarse como modo de información fraudulenta                                                                                                                                             

Tras una semana de inesperados calores, el miércoles el cielo amaneció gris, cubierto de nubes, y bajaron las temperaturas mínimas, como ya habían anunciado los meteorólogos. En su favor, también anunciaron tormentas y algún chubasco, sobre todo en la sierra, que llegarían con escrupulosa puntualidad por la tarde. Pero antes de que las nubes regaran el indómito asfalto, al alba, sin previo aviso, la UCO detenía en su domicilio a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y a once personas más, en el marco de la Operación Lezo que dirige el juez Velasco de la Audiencia Nacional sobre la corrupción en el Canal de Isabel II por parte de sus antiguos gestores y en la que también han resultado imputadas más de veinte personas. Un mazazo judicial que acorrala al partido del Gobierno, ajusta las cuentas a la corrupción sistémica y sirve de aviso a republicanos sedicentes y populistas antisistema de que nuestra Democracia posee más que sobrados recursos para corregir los desmanes de los gobernantes y devolver la confianza en las instituciones a los ciudadanos.

Vivimos tiempos de crisis, es decir del fin de una época y el comienzo de otra. En el ámbito internacional ha llegado la posverdad para quedarse como modo de información fraudulenta, la multilateralidad ha sido sustituida por la ley del más fuerte y el libre mercado por la imposición de las grandes corporaciones financieras frente a la sociedad desarmada. En España, a esta crisis global sumamos la nuestra. Una crisis política, económica y social que ha puesto en cuarentena al régimen surgido de la Transición. La falta de transparencia de los gobernantes, la pobre democracia en la organización y funcionamiento de los partidos políticos y la politización de la justicia, han alimentado una extensa corrupción y la consiguiente desconfianza hacia el sistema, que populistas y secesionistas alientan como trampolín y coartada para su derribo. Mientras en la crónica de tribunales siguen cayendo, como las hojas del calendario, imputados y condenados que en el pasado tuvieron responsabilidades de gobierno, Podemos ha fletado un autobús con las caricaturas de conocidos políticos, periodistas y empresarios que quiere ser denuncia de una supuesta trama de corrupción que esquilma al país desde la Transición. Una denuncia que lleva en su germen la posverdad, pues además de juntar en el mismo carrusel a inocentes y condenados, alienta la desconfianza hacia el sistema y propala la aparente impunidad que disfrutan gobernantes y poderosos.

Ajeno al escándalo público, el Gobierno sigue aupado en su mendicante minoría, como si denuncias y condenas formaran parte de una historia pasada que nada le afecta. Sabe que el mal menor es el camino votado por el Parlamento, y en él se ampara. Si el lunes el PP se oponía a la comparecencia física de Rajoy como testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional en el juicio contra la trama Gürtel, el miércoles se filtraba que el nuevo fiscal anticorrupción, Manuel Moix, había intentado poner trabas a la Operación Lezo. Interrogada en el juicio sobre la Gürtel, Esperanza Aguirre, se confesó “conmocionada” porque su antiguo vicepresidente y sucesor en la Comunidad de Madrid pudiera ser condenado. “Sería para él un calvario”, dijo, tal vez pensando en que no sean “dos ranas” sino muchas más a las que entregó confianza y poder cuando era presidenta.

En un alarde de transparencia y sometimiento a la división de poderes, Rajoy ha querido mostrar su respeto a las decisiones judiciales y ha accedido a responder ante la solicitud de la Audiencia Nacional “como un acto de pura normalidad” en la forma que estimen los jueces. Pero la sospecha de intervención por parte del nuevo fiscal Anticorrupción no ha impedido que tanto el PSOE, como Podemos y C´s, hayan solicitado la comparecencia en el Congreso del Ministro de Justicia, del Fiscal General y del Ministro del Interior, para que expliquen lo que puedan saber sobre las instrucciones de Manuel Moix para frenar la Operación Lezo. ¿Conseguirá la nueva mayoría parlamentaria acometer las reformas que aseguren la división de poderes y el fin de los privilegios políticos? ¿Podrán los jueces purgar las instituciones de corruptos y liberar a la justicia de la intromisión política? ¿O seguiremos creyendo que la fanfarria de populistas y antisistemas nunca convencerá a las mayorías porque está preñada de posverdad?

 

Ese Jesús del madero

El mensaje de Cristo mantiene hoy plena vigencia en un mundo insolidario y en permanente guerra

Cuando ya llegamos al fin de la semana más religiosa, entre media España que “anda pidiendo escaleras para subir a la cruz” y otra media que se solaza en campos y playas a la espera de las nuevas jornadas con los problemas de siempre, recordamos la voz del poeta que rechazaba la hipocresía que enaltecía el sufrimiento, ese cantar que “echa flores al Jesús de la agonía”.

Decía Machado que no quería cantar “al Jesús del madero, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar”. No quería ni podía cantar al Cristo mártir, al condenado que sufría por la injusticia e incomprensión de sus contemporáneos, al que ofrecía su sangre para la salvación de sus verdugos, que la tradición cantaba, sino “al que anduvo en los mares”. Prefería al Jesús compasivo de las bienaventuranzas, al profeta del amor y el perdón, que multiplicaba los panes, curaba a los enfermos y aplacaba las tempestades. Quería cantar al profeta triunfante que fascinaba a las multitudes con su mensaje de paz y fraternidad, que amaba a sus enemigos y despreciaba los bienes terrenos, que acogía a los menesterosos y daba cobijo a los marginados. Pero ese Jesús heroico y magnánimo, compasivo y triunfante, también se manifiesta en la cruz, en el perdón de sus verdugos y en el amor a la humanidad. “Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen”. Y ese espíritu de perdón, humano y fraterno, solidario y pacífico, lo recuperamos hoy en las calles y plazas con la representación de la Pasión.

Fue Jesús, y sigue siéndolo, ejemplo para creyentes y agnósticos. Nos dejó un mensaje de paz, amor y fraternidad que mantiene plena vigencia en un mundo insolidario y en permanente guerra. Que el dramatismo y el oropel de la Pasión no nos ofusque.

El poder de Podemos

 El veto de Podemos a la declaración del Congreso avala la crítica de sus adversarios sobre sus deudas y servidumbres, y muestra inquietantes rictus de vieja política

Ha llegado la primavera y con ella la alegría de vivir. Los árboles se llenan de flores y los pájaros entonan cantos corales, mientras las abejas liban el néctar de las flores con embriagada euforia. El Gobierno también disfruta de esta embriaguez, aunque sea templada. Dispone de más dinero para repartir y satisfacer las demandas de la oposición, incluidos los agravios autonómicos que ardieron tras el avanzado reparto. Ya casi tiene en la mano esa mayoría necesaria para conseguir que el Congreso apruebe los Presupuestos, después de tantas derrotas sufridas a cuenta de su minoría parlamentaria. Árbitro de la situación es el PSOE, que con sus 84 diputados modula la iniciativa legislativa del Gobierno aprobando leyes de carácter social, como la de pobreza energética, o la subida del SMI, a la vez que acopia la mayoría necesaria para la derogación de otras polémicas aprobadas en la anterior legislatura. Atrapados en el dilema entre el trabajo parlamentario o la acción callejera, los de Podemos y sus confluencias apenas hacen valer sus 67 diputados para aglutinar mayorías de apoyo a medidas de emergencia social, como parecía ser su intención en el inicio de la frustrada legislatura. Sin embargo, el miércoles protagonizaron un acto de veto, signo de su poder parlamentario. Junto a ERC, lograron impedir una declaración del Congreso sobre el deterioro democrático que sufre Venezuela, tras la sentencia del TSJ de asumir las funciones de la Asamblea Nacional, en la que se pedía la liberación de los presos políticos y se exhortaba a las autoridades venezolanas a la “celebración de elecciones transparentes” previstas en su ordenamiento jurídico.

Si tras el autogolpe de Maduro, el responsable de política internacional de Podemos, Pablo Bustinduy, se negaba a condenarlo y decía que se trataba de “un conflicto entre el ejecutivo y el legislativo”, el miércoles Iglesias decía que era “irresponsable intentar atacar a la oposición usando una crisis institucional de un país hermano”.

A sabiendas del sufrimiento del pueblo venezolano por la inseguridad y precariedad a las que le han conducido la deletérea incompetencia de su Gobierno, la deriva dictatorial del régimen chavista era una excelente oportunidad para que Podemos refutara a sus detractores con una clara defensa de la democracia y de los pueblos oprimidos por los poderes autoritarios. Pero su veto, además de darle protagonismo en la prohibición y la negativa, avala la crítica de sus adversarios sobre sus deudas y servidumbres, y muestra inquietantes rictus de vieja política, la del intercambio de apoyos y favores en detrimento de la democracia, la justicia social y la solidaridad.

A Pablo Iglesias no parece preocuparle que el TSJ de Venezuela despoje a su Parlamento de sus funciones legislativas y de control al Gobierno, ni que entregue a Maduro poderes dictatoriales, porque su modelo de democracia desconfía del parlamentarismo para fundamentar su legitimidad en los círculos y la lucha en la calle, como figura en el ideario populista. Tras su triunfo en Vistalegre, hizo de su eslogan “luchar crear poder popular” un canto a la participación del pueblo en la política y al combate frente a la opresión del poder ajeno al pueblo. Una opresión que hoy, sin embargo, defiende al impedir la declaración de condena por parte de nuestro Parlamento del fallido autogolpe de Estado y la defensa de la libertad y la democracia en el país hermano.