La verdad que todos ocultan

     No fue en las descaradas mentiras o en las verdades a medias donde los mosqueteros triunfaron, sino en la ocultación de la verdad que saben y niegan.

Tras la doble sesión de reality show que TVE y Atresmedia nos han ofrecido sobre los cuatro candidatos a dirigir el país, llegó la hora de los electores.  Quedan algunos mítines más y varios días para la reflexión, pero pocos ponen en duda que sendos espectáculos televisivos influirán en gran medida para decantar las opciones de ese 40% de indecisos que detecta la mayoría de las encuestadoras. De su resultado surgirá un nuevo mapa político que redefinirá la composición del Parlamento.

A los platós llegaron los cuatro mosqueteros con el discurso preparado por sus sagaces asesores. No se trataba de ser fiel a la verdad, sino de parecerlo. Aferrados a la ética de las convicciones, nuestros políticos defendieron por encima de todo la verdad, negándosela al contrario, como si fuera el talismán de la general aprobación. “No mienta”, se acusaban unos a otros, mientras no dejaban de hacer lo que criticaban. Engastados en su disfraz clerical, Iglesias celebraba la Constitución que pretende derogar; Sánchez, defendía la España de todos, que para los suyos reserva; Casado, la bajada de impuestos, que no quiso implementar su partido; y Rivera, su firme compromiso presidencial con la igualdad de servicios de competencias ya transferidas. Aunque debemos reconocer que el triunfo del escalafón se lo llevó Sánchez con su falaz “lista negra” de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, no fue en las descaradas mentiras o en las verdades a medias donde los mosqueteros triunfaron, sino en la ocultación de la verdad que saben y niegan. Más allá de reivindicar una sinceridad que nadie cree, no mentaron, por incómodo y contraproducente, los riesgos a los que se enfrenta España. Con un panorama mundial de desaceleración económica y el temor a una nueva recesión -que la mayoría de los expertos anuncia-, a ninguno de nuestros flamantes candidatos se les ocurrió aludir siquiera a tal riesgo y avanzar las medidas para combatir o atemperar los previsibles daños. Solazados en la bonanza de la economía española y los programas de ilusión y confeti que piensan desarrollar en los primeros compases de Gobierno, en caso de ser elegidos, dejaron para el día siguiente a la investidura el anuncio de los ajustes que tanto el FMI, como el Banco Central Europeo y el Banco de España requieren por perentoria urgencia.

Aprendida la lección tras 40 años de Democracia, mejor nos iría a los ciudadanos dejar a un lado la fortuita sinceridad de los candidatos y declinar la balanza hacia aquellos en los que se atisbe o intuya capacidad para gestionar los recursos públicos con sentido común y responsabilidad. De la correcta elección dependerá sin duda nuestra próximo futuro.

 

El relator nonato

         Tras la ruptura de negociaciones con Torra y los secesionistas, es difícil evitar preguntarse por qué Carmen Calvo no advirtió al Presidente sobre la inconstitucionalidad de sus demandas y la impertinencia del relator

Problema esencial de la política es entregar o no a un solo hombre el destino de toda una comunidad. La República Romana se previno contra la previsible arbitrariedad humana nombrando dos cónsules, para que en su gestión de gobierno cualquiera de los dos pudiera corregir los eventuales desafueros del compañero. Todo se terminó con la llegada del Principado y del Imperio, en el que el Emperador mandaba por encima del Senado y de los ciudadanos, y no era elegido por aquel ni por estos.

En las democracias modernas existen modelos presidencialistas y parlamentarios, pero tanto en unos como en otros la soberanía popular reside en el Parlamento, que si acaso no nombra, controla y corrige las decisiones del Gobierno.

La democracia española se define como una Monarquía parlamentaria, en la que el Jefe del Estado, el Rey, nombra Presidente del Gobierno a quien dispone de una mayoría en el Congreso; es decir, que al jefe del Gobierno lo elige la voluntad general representada por esa mayoría. Sin embargo, el mencionado riesgo de arbitrariedad se cuela a través de los procedimientos de gestión que la Constitución concede al Gobierno, permitiendo que soslaye en previsión esa voluntad general a través, entre otros, del Real Decreto Ley; iniciativa legislativa pensada para situaciones de urgencia, que ha sido usada discrecionalmente por todos los presidentes.

Dada su minoría parlamentaria, en los ocho meses de presidencia, Pedro Sánchez ha abusado de este procedimiento, que si bien tergiversa la función, no cuestiona nuestro marco jurídico; cosa que si hace la figura del “relator” que los independentistas habían impuesto para mediar, conducir o dar fe de las negociaciones entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno del Estado.

Conociendo los 21 puntos del documento que Torra entregó a Sánchez en el Palacio de Pedralbes, resultaba arduo imaginar que pudiera llegar a algún tipo de acuerdo con el Gobierno, pues muchos de sus epígrafes requerirían una reforma constitucional para aprobarlos, lo cual no concierne a la potestad del Presidente. Se antoja, por tanto, que no era intención de Torra y su tropa secesionista lograr mediante el diálogo lo imposible, sino más bien publicitar el reconocimiento internacional del supuesto “conflicto” mediante una figura que tradicionalmente ha mediado entre las partes en las disputas internacionales.

Ahora, tras la alarma social y política suscitada y la ruptura de negociaciones con los secesionistas, es difícil evitar preguntarse por qué la vicepresidenta –doctora en Derecho constitucional- no advirtió al Presidente sobre la impertinencia del relator y la inconstitucionalidad de las demandas de Torra, pues nuestra democracia es parlamentaria, y es en el Parlamento donde se debaten y dirimen, con luz y taquígrafos, los diferentes intereses de la sociedad. Porque eso, como suele apuntar la vicepresidenta, “lo entiende casi cualquiera”, hasta el resistente doctor Sánchez.

El nuevo paradigma democrático

       No causan inquietud las disparatadas propuestas de cambio del populismo, sino el nuevo paradigma democrático en el que todo vale

Vivimos tiempos revueltos. Tiempos en los que han caducado los viejos paradigmas de la verdad, la jerarquía de valores o el respeto mutuo, sin que sepamos aún cuáles son sus sustitutos. Bauman percibió que el mundo actual no cree en lo sólido; que los antiguos principios ya no nos sirven; que hemos abandonado el logos de las certezas y necesitamos lo temporal, lo mutable, lo líquido. Sin duda, el sociólogo polaco acertó. Necesitamos el cambio, porque pensamos que las soluciones del pasado no resuelven los problemas del presente. Sin embargo, esa necesidad de novedad, de variación, de innovación, en la que tal vez alberguemos el sueño de la esquiva fortuna, también es nuestra fragilidad y causa de desasosiego.

Al igual que en el periodo de entreguerras con la irrupción del fascismo y el comunismo –que tan fatales consecuencias trajo para la humanidad-, asistimos hoy a una oleada de populismos extremos de izquierda y derecha, con propuestas simples a problemas crónicos y complejos, que reciben el favor de las multitudes, como si del milagroso maná se tratara.

Pero, por más que disparatadas o utópicas, no son esas propuestas de cambio las que generan la inquietud o la alarma, sino la disposición de una parte de la ciudadanía a asumir un nuevo paradigma democrático, en el que las antiguas reglas del juego político son sustituidas por otras más flexibles, más pródigas a sus intereses o deseos, más dúctiles, olvidando el primigenio axioma liberal del respeto a las opiniones y a la libre expresión de los contrarios.

Hace poco menos de un mes era Podemos quien organizaba manifestaciones contra el resultado de las urnas en Andalucía, abusando de la falacia ad hominem, para estigmatizar a sus antagonistas por fascistas, y antes lo habían hecho los CDR o los cachorros de Arran rodeando el Parlament. Hoy es el PSOE -partido de Gobierno- quien arenga a las multitudes y promueve un escrache contra la investidura de su oponente en defensa de los derechos y libertades democráticos amenazados, ignorando que en un sistema representativo no es la calle sino la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas la que debe prevalecer.

Puede y debe Susana Díaz y el PSOE defender los derechos y las libertades de los ciudadanos que estimen en riesgo y expresar su queja en la calle si así lo consideran. Pero no parece elegante -ni legítimo, ni democrático- hacerlo mediante el acoso a los representantes del pueblo libremente elegidos, y menos aún en la sesión de investidura del presidente de la Junta, en cuyo acto se formaliza la voluntad mayoritaria de los andaluces. Porque mientras no encontremos mejor criterio, la regla de la mayoría sanciona la legitimidad de la victoria y traduce el sentimiento popular del bien común.

Palabras y gestos

      Elevar a categoría política de la calle lo que en los gobiernos ya es, para satisfacción de los insurrectos

En el ámbito político, como en el jurídico, las palabras tienen un valor esencial. De ahí la insistencia de los actores en aplicar unos u otros sustantivos para plasmar una voluntad política o sancionar el genuino significado de la ley. Pero en la política -que es representación-, los gestos tienen también un valor simbólico, avanzando legitimidades que tendrán su refrendo en las leyes. Para decirlo con palabras de Adolfo Suárez: “elevar a categoría política de normal lo que a nivel de la calle es normal”.

Reitera el Gobierno que el encuentro de ayer en el Palacio de Pedralbes fue una reunión entre presidentes, y corrige el Govern, que fue una cumbre entre el Gobierno español y el catalán, un reconocimiento de la relación de bilateralidad entre España y Cataluña, en la que “hay dos gobiernos que dialogan de manera bilateral”, explicó ayer el portavoz del PDeCat en el Congreso, Carlos Campuzano. Bilateralidad que no reconoce la Constitución, ni practica el Gobierno con el resto de las regiones autónomas.

Tras el encuentro, formalmente parecía ganar la partida el Gobierno, al colocar en el titular del comunicado conjunto el vocablo “reunión”, pero la sardina acabaría en las ascuas del contrario al introducir el concepto de “conflicto” en el texto -reconocimiento implícito de la legitimidad de los golpistas presos-, y lograr la foto conjunta como si “cumbre” fuera. Después, para aclarar las dudas, Torra remataría la faena ante la plana mayor del empresariado catalán y el invitado de pìedra, desgranando el contenido de la reunión entre ambos gobiernos vecinos. Es decir, que “Cataluña es republicana y no considera a la Monarquía una institución de nuestro país”; que “el conflicto político debe resolverse con un referéndum de Autodeterminación”; que “el Gobierno español no vuelva a aplicar el artículo 155 y respete la soberanía del Parlament” y que ese diálogo del que habla su homólogo español “se materialice con medidas concretas”, más allá del respeto a las leyes españolas, que no son suyas. Por si poco fuera, el Gobierno regala una mayor publicidad a los separatistas con las imágenes de hoy del caos en Barcelona, la represión de las fuerzas de seguridad y el repudio y acoso al Gobierno en una parte del territorio nacional.

Insiste Sánchez en el diálogo dentro de la Constitución, pero sonríe ante las proclamas anticonstitucionales del Presidente de la Generalitat, avalando con su gesto lo que se resiste a aceptar con la palabra. Habrá nuevas minicumbres en la hoja de ruta de los separatistas, que serán o no respetuosas con la Constitución, para, invirtiendo el aforismo de Suárez, elevar a categoría política de la calle lo que en los gobiernos ya es.

Rodríguez Zapatero, Consejero de Estado

¡Impresionante! Tras ocho años dirigiendo el país, ZP sigue sin entender apenas nada. No es un problema su feble reflexión política, sino el cargo que ocupa.

El 16 de diciembre, Lucía Méndez publica en El Mundo -https://www.elmundo.es/espana/2018/12/16/5c155c27fc6c8344068b45d1.html- una extensa entrevista al que fuera Presidente del Gobierno durante 8 largos años.

Las respuestas de ZP son tan diáfanas que no merecen comentario. Dejan en evidencia que ni supo entonces, ni sabe ahora, lo que ocurre en el mundo que vive. Verbigracia: “Me acuerdo cuando estalló la crisis y se decía que todo era culpa de Zapatero…” No, ZP, lo que se decía era que conocías los datos -que entre otros Pizarro te aclaró- y los negabas. No hemos olvidado, amigo ZP, que ganaste las elecciones de 2008 llamando patriotas de hojalata a quienes alertaban de la crisis, presumiendo de la fortaleza del sistema bancario español y retando a Alemania en la Champions league de la renta per cápita. Tu responsabilidad es que, disponiendo de los datos que señalaban el terremoto financiero que había empezado, no tomaras ninguna medida para defendernos y tu inacción condujera al paro a 3,5 millones de trabajadores y forzara el posterior rescate de nuestro saneado y espléndido sistema bancario. Respecto a la responsabilidad de los dos grandes partidos en la actual crisis institucional, sugiere diletante: “Podemos hacer muchos análisis, desnudar la democracia representativa y debatir sobre si las instituciones han funcionado bien…” ¿Ya no recuerda el estatuto pactado con Artur Mas, ni las concesiones a ERC, ni la hilaridad que le provocaba el riesgo de que España se rompiera? La Historia, sí, también, y él como penúltimo protagonista de los dislates, nos han traído hasta aquí.

Ahora sabe que los independentistas saben que la independencia es imposible. ¿Por qué, ZP? ¿Por qué es imposible? ¿No se rompía España hace unos meses por culpa de Rajoy?

Ya analicé al personaje en su primer año de Gobierno -https://www.casadellibro.com/libro-la-sonrisa-gotica-analisis-del-primer-ano-del-gobierno-de-zp/9788498020908/1024211-. No voy a insistir en sus defectos y habilidades.

Más diálogo y lealtad, la receta del Presidente

      Como en tantas ocasiones desde que es Presidente, Sánchez no defraudó: defendió sin embozo la unidad de los contrarios, que para él son teoría y práctica.

Ayer estuvo firme y contundente el doctor Sánchez. Subió a la tribuna del Congreso dispuesto a pararles los pies a sus arriscados socios independentistas, que reclaman la insurrección como vía idónea para la independencia de Cataluña y toman por provocación que el Gobierno quiera celebrar el 21 de diciembre el Consejo de Ministros en Barcelona. Con la Constitución en la mano, nuestro Presidente les reprochó que hayan creado un relato de “agravios y mentiras” -¡para legitimar su anhelo de independencia!-, y les advirtió que no aceptaría una “nueva vulneración” de nuestra Ley Fundamental -¡Ni una más!-; tampoco, un referéndum de autodeterminación -porque los referéndums dividen-; y menos aún, la mención como modelo de segregación de Eslovenia -¡que provocó una guerra y casi un centenar de muertos!-. A cambio, les ofreció más diálogo -¡por supuesto, dentro de la Constitución!-, para desarrollar y profundizar el autogobierno -que ellos ya han anunciado no tener en su agenda-.

Sí firme y contundente fue con sus socios separatistas, a los que además pidió apoyo a sus Presupuestos -porque son sociales y favorecerán a Cataluña-, no menos lo fue con la oposición, que requería la intervención en Cataluña para garantizar el Estado de derecho y proteger a los ciudadanos de las hordas separatistas, y le exigía elecciones generales -las que él prometió en breve cuando accedió a la presidencia-, para constituir un gobierno fuerte que pudiera enfrentarse al desafió secesionista. A Casado y Rivera les recriminó que quisieran gobernar Andalucía con el apoyo de la extrema derecha de Vox -la que no reniega de la Constitución, ni repudia el Euro, ni la unión Europea, ni arenga a las masas contra los resultados de las urnas, como hacen sus socios-, y les pidió la misma lealtad que él había tenido en la oposición -cuando se conjuró con independentistas y populistas para tumbar el Gobierno de Rajoy-.

Como en tantas ocasiones desde que preside el Gobierno de la nación -lo que antes prometiera no cuenta, porque “no es lo mismo ser presidente que candidato”, según su vicepresidenta, “y eso lo entiende casi cualquiera”-, Sánchez no defraudó: defendió sin embozo la unidad de los contrarios, que para él son teoría y práctica. Los sondeos de opinión le han alertado del hartazgo y malestar que cunde entre los ciudadanos por la poca firmeza y contundencia que muestra el Gobierno respecto a la defensa de la unidad de España y la vulneración del Estado de derecho, y ha decidido proclamar alto y claro su posición para esclarecer las posibles dudas: más diálogo y lealtad. Indiscutible coherencia.

Sorpresas que no lo son

        La confusión entre los ámbitos institucional y partidario de Isabel Celaá, convierte la rueda de prensa tras el Consejo de ministros en un mitin contra Vox.

De nuevo sorprende el Gobierno -por decir un eufemismo-, confundiendo ámbito institucional y partidario, al dedicar su portavoz, Isabel Celaá, la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros a combatir la emergencia parlamentaria de un partido que ha recibido en Andalucía el voto favorable de 400.000 ciudadanos. Para no errar de nuevo, debería buscar asesoramiento en su vicepresidenta, doctora en derecho Constitucional, que ha explicado en público –“eso lo entiende casi cualquiera”- las diferencias entre ciudadana particular y miembro del Gobierno, para no acudir a la cárcel de Lledoners a entrevistarse con Junqueras como hiciera su socio, Iglesias.

Pero más allá de este nimio tropiezo, sorprende –por usar la jaculatoria preferida de la portavoz del Gobierno- que no distinga entre constitucionalistas y antisistemas, pues hasta el momento quienes se proclaman antisistema y pretenden liquidar nuestra orden constitucional son sus socios y sus apoyos parlamentarios, y no precisamente el partido al que alude. Sorprende, además, que sin el menor embozo ni rubor, use la falacia ad hominem para deslegitimar el apoyo popular a un partido que acata la Constitución y acepta las reglas del juego democrático, y lance amenazas veladas a PP y C´s para no blanquearlo con la aceptación de sus apoyo, pues a su Gobierno no le ha importado pactar y contar con los votos de quienes tienen por ideario derribar nuestra Democracia y acabar con nuestros derechos y libertades.

Sorprende, ¡cómo no!, que a la portavoz del Gobierno le alarme el apoyo electoral a un partido que ha recogido un sentimiento de indignación popular y no le inquieten, ni le preocupen, las razones de ese malestar, principalmente la corrupción sistémica de su partido en Andalucía durante 36 años y la manifiesta incompetencia en la gestión pública.

Sorprende, también –aunque insisto, es un eufemismo-, que a la portavoz del Gobierno le sorprenda que no siendo PP ni C´s los partidos más votados, quieran desalojar de la Junta a Susana Díaz, pues el Gobierno que ella representa no es precisamente el grupo mayoritario en el Congreso y ni siquiera ha sido refrendado en las urnas. Y sorprende que valore como “enorme diferencia”, la formación de su Gobierno con la próxima del Gobierno andaluz, porque el primero lo alumbró una moción de censura para convocar elecciones –que olvidó al instante- y el segundo surgirá por la confluencia de varios partidos políticos cuya suma alcance la mayoría absoluta.

Sorpresas que, si bien no sorprenden, no por eso dejan de generar cierto estupor, pues no las hace la portavoz de un partido en arenga multitudinaria, sino la del Gobierno en la sede institucional del Ejecutivo de la nación.

Los chalecos amarillos y el cambio climático

Más allá de sus proclamados beneficios, cualquier iniciativa es buena si satisface la voracidad del Estado recaudador

Como en las huelgas del pan de siglos pasados, miles de franceses han salido a la calle para protestar por el incremento del precio del diésel y el abuso tributario. En Francia, el 61% del precio de la gasolina son impuestos, lo mismo que el 57% en el gasoil. La anunciada subida de 3 y 6 céntimos respectivamente para uno y otro combustible ha exacerbado los ánimos de los trabajadores de la periferia urbana, con un deficiente transporte público, que requieren del coche para su traslado al lugar de trabajo y no disponen de presupuesto para uno eléctrico.

Hartos de la alarmante carga tributaria y de la disminución de su poder adquisitivo, las redes sociales han servido de crisol al descontento. Como es habitual en este tipo de movimientos, a los rebeldes les pierden las formas, la violencia, la falta de diálogo, la ausencia de interlocutores dispuestos a negociar; razones que argumentan los gobernantes para no ceder a la presión irracional, por desesperada, de los ciudadanos. Pero este modo de proceder de los gobernantes es tomar el rábano por las hojas y no querer valorar las causas del conflicto, que en este caso no es sino la extrema voracidad del Estado recaudador, amparada en el criterio ecológico de penalizar los combustibles más contaminantes, esos que los trabajadores pobres consumen porque son los más accesibles a su bajo nivel de renta.

Con la coartada de la equitativa distribución de la riqueza, o en este caso de la lucha contra el cambio climático, los Estados modernos se apropian cada vez más de un mayor porcentaje de la riqueza social, asfixiando a los ciudadanos con los impuestos. “Hay margen para subir”, es entre nosotros el mantra preferido de los aspirantes a gobernar, exponiendo como justificación la marginación y la exclusión social, el pozo sin fondo de la demanda sanitaria o la lucha contra el cambio climático –también Sánchez ha anunciado subida de impuestos, entre estos también al diésel contaminante-, al igual que hace Macron con el programa de transición energética.

Pero más allá de la aparente bondad de estas iniciativas, la experiencia nos enseña que esa distracción del dinero de los ciudadanos apenas sirve para alcanzar los fines que se proclaman, contribuyendo por el contrario, en nuestro caso, a engrasar la máquina clientelar de los partidos políticos, incrementar la nómina administrativa y de altos cargos del Estado, disminuir la libertad de los consumidores y empobrecer a la mayoría de la población; del mismo modo que en el caso francés, más que disuadir el uso del vehículo de combustible y propiciar un medio ambiente más saludable, pretende por encima de todo disminuir el déficit fiscal y aumentar el dinero acaparado por el Estado.

Tal vez sorprenda que Macron, supuestamente un liberal de bandera, suba los impuestos para reducir el déficit fiscal, en lugar de disminuir el gasto y mejorar la eficiencia de los recursos públicos. Pero no hay que olvidar que fue ministro de Economía de Hollande, y continúa la política ecológica y de disminución del déficit del programa socialista. Al igual que su antecesor, su receta pasa por sanear las finanzas públicas a expensas de la mayoría de los contribuyentes, el pueblo trabajador, eximiendo del coste a las minorías privilegiadas, que no necesitan el coche para desplazarse ni pagar la “tasa carbono” para lograr un aire más respirable, pues se desplazan en avión y en tren de alta velocidad, y sus avionetas privadas se alimentan de queroseno, curiosamente libre de tasas.

Por todo esto protestan los airados participantes del movimiento de los “chalecos amarillos”. Sin líderes ni programas, pero con la convicción de estar asfixiada y humillada por un poder insensible y sordo que desprecia sus dificultades para llegar a fin de mes, la Francia del diésel, la rural y de la periferia de las grandes ciudades con bajos ingresos, ha plantado cara a Macron y está dispuesta a dejar de ser invisible.

Mezcla de serrín y estiércol

    El portavoz de ERC no es sólo un provocador, sino un  activista antidemocrático que tiene por meta desprestigiar al Parlamento y a la Democracia como forma de gobierno

Borrell ha respondido a la provocación rufianesca de Rufián con la contención de un parlamentario harto del menosprecio con el que el diputado de ERC enloda el trabajo parlamentario: “Usted a vertido sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol, que es lo único que sabe hacer”.

No le falta razón al ministro socialista, mirlo blanco en un Gobierno lastrado por la propia incoherencia y las servidumbres a separatistas y populistas. A Rufián no le interesa defender los derechos sociales supuestamente conculcados por el Estado, ni ensalzar a la inventada y subyugada nación catalana, ni encomiar la inocencia de los políticos presos, ni encarecer la prevalencia del voto sobre la ley. Lo que a este provocador y a su grupo interesa es envilecer la Democracia, convirtiendo el Parlamento en zahúrda de mojiganga y vituperio, para proclamar que nuestro sistema político no puede generar sino esperpento, infamia y frustración.

Grave es que nuestros representantes y la autoridad del Parlamento no sean capaces de poner freno a la patente de corso que algunos diputados disfrutan bajo la coartada de la libertad de expresión, porque desprestigian la institución que legitima la superioridad moral de la democracia sobre otras formas de gobierno.

Lo entiende casi cualquiera

La independencia de los tres poderes, fundamento del Estado de derecho

Como un Guadiana del subconsciente, emerge en el PSOE, cuando posee el mandato de gobierno, una tendencia inquietante, que busca lograr sus postulados diluyendo los límites de la división de poderes del Estado bajo la preeminencia del Ejecutivo.

Mucho se debatió en 1985 la reforma del CGPJ, que terminó con la sentencia del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra: “Montesquieu ha muerto”. Argumentaba el líder socialista, que si la soberanía popular residía en Las Cortes, a éstas le correspondía elegir el gobierno de los jueces, con lo que a la primitiva elección de ocho vocales por el Parlamento, se sumarían los otros doce que la ley del Consejo de 1980 atribuía a la elección directa de jueces y magistrados. De este modo, confundiendo propiedad y ejercicio de soberanía, se blindaba el Gobierno socialista de un poder judicial independiente de la mayoría parlamentaria frente a los retos que debía abordar.

Hoy, con una mayoría precaria, de nuevo un Gobierno socialista intenta señalar la senda que debe recorrer el poder judicial en el juicio a los protagonistas del procés. En un ejercicio de funambulismo político, sugería Sánchez el miércoles en el Congreso que tal vez no debiera hablarse de rebelión respecto a la Declaración unilateral de independencia por los gobernantes de la Generalitat. Al día siguiente, le coreaba su vicepresidenta, Carmen Calvo, por las antenas de Onda Cero, negando que el delito por el que van a ser juzgados los políticos separatistas, fuera el de rebelión, porque éste requiere el uso de la fuerza y “tiene que darse por militares o civiles armados a las órdenes de un militar”, dijo citando a Federico Trillo, e insistía en la necesidad del diálogo para resolver el más grave problema al que se enfrenta España.

A la pregunta de Carlos Alsina sobre si, para favorecer el diálogo, estaría dispuesta a visitar en la cárcel a un preso imputado por un posible delito de rebelión, como había hecho Pablo Iglesias, socio del Gobierno, respondía Carmen Calvo con una negativa. “Eso lo entiende casi cualquiera”, dijo, pues si ella, como vicepresidenta del Gobierno, no debía hacerlo, no le parecía mal que otro político, sin responsabilidad de gobierno, lo hiciera.

Casi cualquiera entiende el respeto que en un Estado de derecho se debe a la independencia de los tres poderes, porque es su fundamento. Pero lo que al parecer no terminan de entender Carmen Calvo –doctora en Derecho constitucional- ni Pedro Sánchez, nuestro Presidente, es que, precisamente por ser miembros del Gobierno, sus declaraciones públicas, tanto sobre la conveniencia de la prisión preventiva o sobre la diferente tipología de los delitos por los que van a ser juzgados por el Tribunal Supremo los presos independentistas, constituyen una fragante vulneración de ese respeto que sin embargo proclaman. Casi cualquiera lo entiende.